(Valdivia, 24.02.10) La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) lamentó la aprobación del estudio de impacto ambiental de la empresa Celulosa Arauco y Constitución, denominado "Sistema de Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes Tratados de la Planta Valdivia" por parte de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la Región de Los Ríos.

“Lamentamos que, nuevamente, se haya tomado una decisión en base a criterios políticos y económicos, desconociendo las razones técnicas que indican la inviabilidad de la construcción de este ducto", expuso la coordinadora general AIFBN, Jennifer Romero.

Por su parte, el vicepresidente AIFBN, Eduardo Neira, criticó las presiones políticas que rodearon la votación de los integrantes de la Corema.
 
“Ayer hubo un show de pseudo participación ciudadana con letra, música y coreografía de la Corema, que culminó con una decisión con síntomas de presiones políticas, propias de la pobreza y falta de sentido común de nuestros representantes. Los que votaron a favor merecen todo nuestro repudio, sobre todo quienes en sus últimos estertores aceptan presiones, consejos o recaditos al oído”, agregó.

Quiebre social

El proyecto, que fue aprobado por 11 votos a favor, 6 en contra y una abstención, con una serie de modificaciones propuestas por el intendente Alejandro Larsen, abrió un nueva etapa en el conflicto que tiene enfrentados a un grupo de pescadores y comunidades lafquenches que negociaron acuerdos millonarios con Arauco y los que se oponen al emisario submarino que llevará a la costa de Mehuín los riles contaminantes de la Planta de Celulosa Valdivia ubicada en la comuna de Mariquina.

Eduardo Neira lamentó el clima de enfrentamiento generado por la empresa a las afueras de la sesión que se llevó a cabo en el Liceo Comercial de Valdivia.

“Ha existido una serie de hechos violentos en torno al proyecto del ducto. La intervención de Arauco compró el beneplácito de una parte de los ciudadanos de la caleta, dando origen a un ambiente hostil y de discordia entre vecinos. Es más, dichas acciones cuentan con la validación del gobierno argumentando que no se puede intervenir en acuerdos tomados entre privados. ¿Dónde está el bien común? ¡Es rol del Estado garantizarlo!”, dijo el ingeniero forestal.

En tanto, Jennifer Romero afirmó que hay una total incongruencia entre la intención de hacer lo mejor para el desarrollo de la región y el haber aprobado un proyecto que perjudicará en forma importante el turismo, el patrimonio natural y cultural; y las fuentes de trabajo de las comunidades de Mehuín y de toda el área de influencia del ducto.

“Arauco-Celco provocó un quiebre social que tiene enfrentados y divididos a los pescadores y sus familias. Somos testigos, una vez más, de las consecuencias de una estructura institucional viciada, en el que las decisiones pasan por un grupo de políticos que hacen oídos sordos frente a las evidencias”, recalcó.

“Ya hemos visto cómo la empresa ha comprado voluntades y ha dividido a las comunidades afectadas, desarrollándose un conflicto social que ya lleva varios años, y hemos sido testigos del desastre ambiental que Arauco ha provocado. ¿De qué responsabilidad social y ambiental nos hablan?, ¿qué puede esperarse para los próximos años cuando el ducto entre en funcionamiento?”, dijo.